Una de las bases del Estado democrático es la separación de de los cargos electos de sus posibles negocios y actividades privadass. Favorecer desde un cargo electo cualquier negocio privado es considerado corrupción o desviación de poder según la doctrina jurídica al uso o su adscripción a un tipo delictivo del Código Penal. ¿Pero qué sucede cuándo las mismas administraciones promueven la creación de entes ajenos a la misma - la finalidad es lo de menos- que se rigen exclusivamente por el derecho privado.
El caso de las S.A. es el más sangrante. Entidades mixtas en el capital cuyas participacíones son de entidades públicas y privadas y en sus consejos de administración se codean cargos electos y dirigentes de otras empresas privadas. Todos por supuesto reciben retribuciones como cualquier consejo de administración según los beneficios de la empresa. La colusión es más que obvia.
Los negocios se imponen como fuente de ingresos adicional o primordial -según los casos- para cualquier político y según la jerarquía que ocupe en el partido mayor será el cargo reservado en cualquiera de dichas sociedades.
¿Ante quién responden los políticos? ¿Ante los ciudadanos o ante los consejos de administración de las empresas que ellos mismos han creado?. Unos políticos vampirizados por la esfera de los negocios lo único que persiguen es su refrendo que no su elección por los ciudadanos. La carrera política es y será su único objetivo a toda costa ya que de ello depende su sueldo o su bienestar personal. La democracia se pervierte así y se convierte en un juego formal en que los electores votan a un alcalde no por sus ideas o por su valía sino por su capacidad para atraer las inversiones de las sociedades en las que presuntamente participará.
La externalización y o privatización de servicios por parte de las Administraciones fué el primer paso dado en este sentido. El segundo y más grave es la constitución de dichas sociedades para fomentar actividades sobre las que ningún ciudadano tiene capacidad de fiscalización.
Y el tercero, es que quienes controlan dichas sociedades desde el campo de los negocios privados impongan a través de los intermediarios públicos sus intereses al resto de los ciudanos. No solamente en la dimensión particular en la que participa la sociedad sino que mediante la convergencia de intereses económicos, obvia en lo privado, se permeabiliza el campo para que cualquier interés privado influencie e interpenetre a cualquier ámbito público.
La clase política aragonesa se ha convertido en mera correa de transmisión de intereses privados. Llamar a eso democracia es hacerle un flaco favor a dicho nombre.
Diputaciones, ayuntamientos, entes comarcales y DGA han resultado un buen lugar para medrar a costa del erario público. Si no hay cargos se crearán para el que haya acreditado un buen historial y obediencia al sistema. ¿Se puede pretender que haya algún político ejemplar salvo como excepción que tiene, simplemente por probabilidad, cualquier regla?Se puede pretender que haya algún político ejemplar salvo como excepción que tiene, simplemente por probabilidad, cualquier regla?. Los honestos, sean del partido que sean, no son útiles. Lo contrario de los que no pudiendo ir más allá se limitan a ayudar a alcanzar mayores cotas de poder a sus amigos que sin duda habrán de recompensarles..
sábado, 19 de diciembre de 2009
El neocaciquismo aragonés
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