El nuevo proyecto de REESA: Aumento de la capacidad de transporte de la línea eléctrica a 220 Kv Foradada del Toscar-Pobla de Segur

El blog de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica Peñalba-Monzón-Isona acaba de publicar el proyecto de REESA "Aumento de la capacidad de transporte de la línea eléctrica a 220 Kv Foradada del Toscar-Pobla de Segur" (sic), del que hemos hablado con anterioridad en este blog, acompañándolo de un artículo de uno de sus miembros, José Ramón, que reproducimos a continuación dado lo acertado de sus palabras y la gravedad de los hechos que denuncia:

DESINFORMACIÓN PÚBLICA

La información pública de proyectos que originan afecciones al territorio era presentada a información pública. Al ciudadano se le comunicaba vía boletines oficiales, tablones de anuncios municipales, prensa, etc. para que dispusiera de dicha información y pudiera emitir durante cierto plazo su parecer mediante la correspondiente alegación. Era la norma de la administración hasta ahora. Sin embargo, en los últimos tiempos tres proyectos que afectan a nuestro territorio han sido escamoteados al público mediante el trámite de la “información restringida o reservada” a determinados colectivos o instituciones, sustrayéndola a la población y, lo más grave, coartando el derecho de recurrir el proyecto en cuestión.
En el asunto de las minicentrales del Ésera únicamente han sido informados ayuntamientos y asociaciones de regantes. El estudio de impacto ambiental de la autopista eléctrica Monzón-Isona ha sido comunicado únicamente a ayuntamientos y grupos ecologistas seleccionados en provincias tan alejadas de la línea como Madrid o Barcelona, pero sin derecho a hacerlo público como “información pública” para extender el derecho a presentar alegaciones, quedando al margen las asociaciones que recurrieron el trazado anulado. Por último, que sepamos, de la “mejora” del tramo eléctrico entre Foradada y La Pobla de Segur, para pasar de 230 kv a 400kv, sólo se ha informado a los ayuntamientos, quienes lo han despachado secretamente por el procedimiento de unas alegaciones genéricas que facilita la Diputación, como trascendió en el acto convocado por la Plataforma en Arén.
Es evidente que ésta es la nueva política de participación que trata de imponer el actual Ministerio de Medio Ambiente. Información reservada a colectivos alejados geográficamente del proyecto y a dóciles instituciones abonadas al secretismo y a la actuación a espaldas de los administrados. Se supone que así lo harán hasta que un recurso contra este escamoteo llegue al Supremo y restaure el derecho elemental a la participación democrática en proyectos de la administración que tan directamente afectan a la población. (Así sucedió con el derecho a la solicitud de ejecución de sentencias por afectados no recurrentes, finalmente reconocido por sentencia del Supremo). En el caso de esta última línea, cuyos cables prácticamente sobrevuelan algunas casas, no se enteraron del proyecto hasta percibir la presencia de los operarios y de las máquinas.
Con el actual sistema participativo la línea Graus-Isona habría transitado plácidamente por el trámite administrativo y ahora estaría aprobada. Ningún ayuntamiento la recurrió. A la Plataforma le ha costado 2.000 €, provisión de fondos hasta ahora, presentar una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente para poder acceder “oficialmente” en el referido estudio de impacto ambiental. Hasta ahora no ha respondido, abriéndonos la vía del recurso de alzada, etc., etc.
Es evidente que estamos sufriendo un gravísimo recorte de las libertades democráticas y del derecho a la participación y a la defensa de nuestros intereses como ciudadanos y como afectados que ven su salud, su paisaje y las condiciones ambientales seriamente amenazadas por proyectos difícilmente justificables y justificados.

Jose Ramón, Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica