El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pretende otorgar el servicio de agua a la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SUEZ - AGBAR).
El consejero Recoder asegura que la privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat es irreversible, con lo que la Generalitat perderá el control del agua del área metropolitana de Barcelona, un importante recurso estratégico
El consejero Recoder asegura que la privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat es irreversible, con lo que la Generalitat perderá el control del agua del área metropolitana de Barcelona, un importante recurso estratégico El conseller de Territorio y Sostenabilitat, Lluís Recoder, ha asegurado hoy que la venta de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) es irreversible y que la Generalitat se desprende de la empresa "con dolor" porque la concesión a 50 años es la única vía para obtener recursos económicos , según el consejero. La mala gestión económica de Artur Mas y Andreu Mas-Colell han llevado al Gobierno a "empeñar las joyas de la abuela", en palabras de Recoder, ya perder el control de uno de los recursos estratégicos más importantes del siglo XXI, aseguró que la Generalitat "velará" para que se cumpla el caudal ecológico del río, sin especificar cuál.
Aguas Ter-Llobregat es una empresa pública de la Generalidad de Cataluña que tiene 220 trabajadores y que abastece de agua potable cinco millones de catalanes, residentes en Barcelona y su área metropolitana. Los trabajadores, que ya se han manifestado en contra la privatización, han asegurado que "el agua es un bien de todos y privatizar su gestión perjudica al conjunto de la ciudadanía". El plazo para concurrir al concurso de la concesión termina el próximo 5 de octubre, después de que la Generalitat decidiera prorrogarlo.
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pretende otorgar el servicio de agua a la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SUEZ - AGBAR) , empresa que opera sin concesiones a 18 municipios de la región metropolitana
El pasado 24 de julio de 2012, la sesión del Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó inicialmente el establecimiento y prestación del servicio del ciclo integral del agua. En pleno del 8 de agosto y con un oscurantismo pernicioso, se ha publicado en el DOGC el anuncio de información pública del Área Metropolitana de Barcelona, sobre el establecimiento del servicio público del ciclo integral del agua mediante sociedad con capital mixto entre la empresa pública EMSSA con un 15% y SGAB (AGBAR) con un 80%.
Las organizaciones de la Plataforma Agua es Vida manifestamos nuestra total indignación por cómo se ha efectuado el procedimiento. Un procedimiento que tiene graves vacíos democráticos:
Por un lado, es la Generalitat la responsable de la prestación del servicio en alta y no la AMB (segundo la Ley 12/200 y el vigente DL 3/2003), así pues ésta no estaría facultada para otorgar la gestión de este servicio. A la vez, también los Ayuntamiento tienen competencias propias en el "el suministro de agua y el alumbrado público, los servías de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales" (art. 66.3 del RDL 2/2003). Por lo tanto se hace del todo inviable la creación de un único operador.
Por otra parte, según la Sentencia 298/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 12 de Barcelona "resulta que no hay contrato de concesión [..] ni hay adjudicación del servicio ni hay contacto [..] por ahora la gestión del servicio de abastecimiento de ¡aguas a la ciudad de Barcelona y la actuación de la SGAB en tanto que concesionaria del servicio son actuaciones ilegítimas ". La situación actual es de al.legalitat y consideramos de una gravedad absoluta y de una gran irresponsabilidad el reconocimiento, totalmente improcedente, de facto de la concesión en baja del servicio público a manos de la Sociedad General de Aguas de Barcelona.
Complementariamente consideramos que es totalmente impropio la adjudicación directa a AGBAR sin ningún proceso público de licitación, pues supone una grave vulneración de los principios más elementales de la contracción pública y un trato de favor a una empresa en perjuicio de todas las demás del sector. Consideramos, además, que obviar el principio de libre concurrencia supone una negligencia notable en la defensa de los intereses públicos, los ciudadanos y ciudadanas usuarias del servicio, y pone en duda el proceder de la propia AMB.
Además, la concentración y monopolio de todo el ciclo en un único operador pone en peligro el interés público que debería prevalecer en el caso de los servicios de interés general como el agua. Cabe recordar que la Ley estatal 17/2009, que transpone la Directiva Europea 123/2006/CE exceptúa de la libre prestación "los servicios de distribución y suministro de agua, y los servicios de aguas residuales". A la vez se desembocaría en una claro abuso de posición dominante y se contradiría el artículo 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia de España, y el artículo 102 sobre abuso de mercado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Finalmente, la repartición accionarial del 85% y el 15% entre el sector privado y público respectivamente no está en ningún caso justificada. No se han presentado auditorías externas o peritajes que valoren y justifiquen los activos, aparte de que faltan documentos acreditativos de las propiedad presteza por AGBAR. Así, por ejemplo, se adjudican a AGBAR la propiedad de las tuberías cuando éstas ya han sido pagadas y traspasadas a la administración pública.
La Plataforma considera totalmente inamissible y fuera de los procedimientos legales y democráticos, no sólo pretender de forma tan irregular formalizar la situación alegal, por inexistente, los convenios de concesión de gestión en baja de agua en Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola y Viladecans, sino también el hecho de que la AMB otorgue sin ningún tipo de concurso de licitación todo el ciclo integral a esta empresa.
Así, no sólo pedimos la parada inmediata de este delirante proceso a través de las alegaciones que han presentado Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras (que puede consultar en este enlace) sino que consideramos que debido a la patente falta de concesiones a los diferentes municipios del AMB debería:
Crear servicios públicos de gestión directa en todos los municipios que no disponen de concesión.
Abrir un proceso para clarificar el estado de todas las concesiones en baja operadas por SGAB o su filial SOREA en la región metropolitana.
En todos los lugares que se detecten irregularidades iniciar los procedimientos oportunos para depurar responsabilidades y establecer penalizaciones e indemnizaciones debidas a la desregulación evidente en la prestación del servicio.
Para recuperar la dignidad de las instituciones públicas del agua así como de la propia AMB. De no proceder así consideramos que se podría incurrir presuntamente en un delito de prevaricación y apropiación indebida.
La sede de la empresa Agbar se erige sobre la ciudad de Barcelona ARCHIVO La sombra de la Torre Agbar se va extendiendo sobre el territorio. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) decidió, el pasado 8 de agosto, integrar diferentes servicios referentes a la gestión del agua-abastecimiento en baja, saneamiento en alta, depuración y regeneración de aguas residuales-y otorgarle a una sociedad con capital mixto entre AGBAR (80%) y la empresa pública EMSSA (15%). Así pues, la nueva sociedad se encargará del abastecimiento del agua que beben más de tres millones de personas que viven en la ciudad de Barcelona y 35 municipios de su entorno más cercano.
La controvertida resolución del AMB, adoptada en pleno período vacacional, añade más polémica al proceso de privatización de la gestión del agua que está llevando a cabo el gobierno de Mas, que hasta ahora se ha basado en desmantelar la Agencia Catalana del Agua y venderlas o malvender - la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL) para enjugar parte del déficit general de la Generalitat. Si la concesión de ATLL, que actualmente abastece en alta cerca de cinco millones de personas de más de 100 municipios, también recae como se prevé en AGBAR, el monopolio del agua catalana será una realidad. AGBAR será responsable del suministro en alta-desde la fuente de agua hasta los depósitos municipales-, en baja-desde los depósitos de cabecera hasta los hogares-y del saneamiento y de la depuración del agua que consume la mayor parte del país.
Crónica de una maniobra anunciada
Una denuncia por el impago de una factura del agua terminó destapando el año 2010 que no existe ningún contrato de concesión que regule, hoy en día, la relación entre las diferentes instituciones públicas y AGBAR. La sentencia judicial del caso concluyó que "la gestión del servicio de abastecimiento de aguas a la ciudad de Barcelona y la actuación de Aguas de Barcelona en tanto que concesionaria del servicio son actuaciones ilegítimas" y en consecuencia, " el precio que cobra la compañía a los ciudadanos de Barcelona es ilegal ". AGBAR embargo, no se mostró conforme con la resolución y recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que todavía no se ha posicionado.Desde entonces se temía que la compañía aprovechara alguna ocasión, como la letra pequeña del contrato de compra de ATLL, para legalizar la concesión con Barcelona. Finalmente ha sido la AMB la que ha servido en bandeja a AGBAR una jugada a tres bandas donde regulariza la concesión del servicio, el alarga 50 años y la amplia añadiendo el saneamiento, que hasta ahora venía prestando la empresa pública EMSSA.
Alegaciones de la plataforma Agua es Vida
Las diferentes organizaciones sociales que defienden la gestión pública del agua a través de la plataforma Agua es Vida han mostrado su rechazo a la resolución del AMB. En una nota de prensa reciente Agua es Vida manifiesta "total indignación por cómo se ha efectuado el procedimiento, que tiene graves vacíos democráticos". La plataforma afirma, entre otras cosas, que el AMB invade competencias de la Generalitat y de los Ayuntamientos y considera que "es totalmente impropio la adjudicación directa a AGBAR sin ningún proceso público de licitación". Asimismo, Agua es Vida recuerda que AGBAR se encuentra en "situación de alegalidad" y por ello considera "de una gravedad absoluta y de una gran irresponsabilidad el reconocimiento, totalmente improcedente, de facto, de la concesión en baja del servicio público a manos de la Sociedad General de Aguas de Barcelona ". La plataforma ha pedido la parada inmediata del proceso a través de las alegaciones que el pasado 7 de septiembre presentaron Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras en las sedes de la AMB y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
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