Francamente, en nuestra primera reacción ante la noticia de la reciente salida a exposición pública del proyecto de la Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona, nos quedamos cortos. Eran tantas las prisas por lanzar la noticia (ante el miedo de que pasase desapercibida en el final de la campaña electoral) que no llegamos a darnos cuenta de hasta qué punto esta vez Red Eléctrica de España y las instituciones que la apoyan habían sobrepasado todo mínimo principio ético.Por supuesto que indignados ya estábamos desde el mismo momento en que en 2008 supimos de la recuperación del proyecto de Autopista Eléctrica (400 KV) que lleva años hipotecando el futuro de nuestras tierras. La indignación creció aún más al ver cómo Red Eléctrica de España se rió de los afectados y de las instituciones aragonesas y catalanas con su “Documento Inicial”, que contemplaba múltiples alternativas, de las que al final, como todos suponíamos, sólo pretendía elegir la que prácticamente reeditaba su antiguo proyecto Graus-Sallente. Creció la indignación al ver cómo eso suponía burlarse, como si nada, de la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba inexistente la antigua Aragón-Cazaril y de la sentencia del mismo tribunal que anuló la citada Graus-Sallente. La indignación siguió creciendo cuando supimos que el Justicia de Aragón nos respondía a nuestras quejas aludiendo a que los soportes de la antigua Aragón-Cazaril reutilizados eran, según le había transmitido la promotora del proyecto, una mínima parte del recorrido, cuando, en realidad, equivalen a casi dos terceras partes (más de 80 kilómetros). Aumentó aún más la indignación al contemplar la pantomima de la empresa, que hizo público su trazado a los ayuntamientos afectados en una reunión en la Diputación de Lleida como medio para escenificar una supuesta falta de consenso de los opositores a la línea (que sin embargo son todos los ayuntamientos menos los tres de la zona de inicio del proyecto). Aún siguió aumentando la indignación cuando el Consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, en contra del mandato de las cortes aragonesas, apoyó abiertamente el proyecto apoyándose en la citada pantomima (y despachándose a gusto contra los opositores a la línea como si fuéramos unos insolidarios). En fin, la cosa llegó al colmo, o eso creíamos, cuando Red Eléctrica de España sacó a exposición pública una mínima parte del proyecto, la relativa a la subestación de El Arnero, tratando de que así pasase desapercibido el monumental Estudio de Impacto Ambiental, imposible de leer en varios meses y que ocupa un armario de varios pisos en el ayuntamiento de Monzón.Pero, no, francamente, eso no era el colmo. El colmo de la desvergüenza y del insulto (digámoslo con todas las letras) a las propias instituciones aragonesas y catalanas se perpetró justo al final de la campaña electoral. Repasemos los hechos:
- Se publica el anuncio de exposición pública justo el día 19 de mayo, evitando así que se convierta en tema central de la campaña en las zonas afectadas.
- La fecha implica, sabiendo como sabe Red Eléctrica de España que la práctica totalidad de los ayuntamientos afectados y las Cortes de Aragón se oponían a su proyecto, que estas instituciones, que justo ahora tendrán que reconstituirse tras las elecciones celebradas ayer, quedarían en la práctica imposibilitadas para ejercer su derecho a alegar, cuyo plazo es de 30 días, que empiezan a contar desde el pasado 20 de mayo.
- Lo que nos está llegando como información de última hora y la gota que colma el vaso: el inmenso Estudio de Impacto Ambiental, al que lógicamente deben referirse estas alegaciones (así lo indica el BOE), no está en los ayuntamientos (que sepamos sólo está en el de Monzón), aunque, francamente, incluso si estuviese ya mismo, ni con varios meses de plazo podría ser estudiado y menos por unas instituciones que deben constituirse en fechas próximas.
Ante semejante actitud, que solo cabe calificar de burla a nuestra legislación y desprecio hacia nuestras instituciones (que van a verse imposibilitadas para su deber de defensa de su territorio), y considerando tal actitud como un auténtico fraude de ley (uno más en este largo proceso), la Plataforma no solicita ya el aumento del plazo para alegar, como hicimos el pasado viernes, sino directamente (y en consonancia con las voces que en estos días piden en nuestras calles y plazas una regeneración de nuestro sistema “democrático”) la devolución o anulación de un proyecto que se está intentando llevar a cabo de manera fraudulenta mediante la conculcación de los más básicos derechos de los afectados.
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