Las universidades públicas tendrían que poder ser financiadas con criterios académicos autónomos, que se conformen a los intereses de la razón y no a los del mercado. En muchas ocasiones hay que garantizar la financiación pública precisamente porque no existe financiación privada. Pero hace ya tiempo (Bolonia 1999, Lisboa 2000, AGCS, Doha 2001, OMC 2005, etc.) que las autoridades europeas decidieron saltar al otro lado del abismo. No es que se pretenda privatizar la Universidad; es mucho más rentable ponerla al servicio de los intereses privados. Al volcar la financiación pública en proyectos académicos que ya gozan de “fuentes externas” de financiación lo que se hace lisa y llanamente es subvencionar con dinero público actividades empresariales privadas (al tiempo que se ahoga la financiación pública de actividades de interés ciudadano que no sean rentables). Al mismo tiempo, las empresas se apropian de un ejército de becarios pagados con los impuestos y que trabajarán para ellas y sus propios intereses mercantiles. En una vuelta de tuerca más de lo que Galbraith llamó “la revolución de los ricos contra los pobres”, las empresas no se conforman con pagar cada vez menos impuestos: ahora quieren también el dinero de los contribuyentes. Y a esto se le ha llamado “poner a la Universidad al servicio de la sociedad”.
Para la presentación en sociedad de esta descarnada reconversión mercantil de la Universidad se ha contado con la inestimable ayuda de los pedagogos. Estos eran imprescindibles para disfrazar la mercantilización con los ropajes de una revolución educativa progresista y liberal contra la supuesta rigidez de las estructuras académicas. Lo que necesitaban las empresas era, como siempre, “flexibilidad” y la jerga de los pedagogos era la única que podía teñir esta temible palabra con tintes progresistas e incluso izquierdistas y antiautoritarios. Había que perder el respeto a las rigurosas distinciones del edificio científico y abogar por la “formación continua”, “flexible”, “transversal” y “psicoafectiva” de un profesional todo terreno, capaz de estar en todo momento a la altura y al tanto de las necesidades ingobernables de un mercado laboral cada vez más imprevisible y demente. Para formar este tipo de profesional no hacen falta científicos, sino entrenadores: pedagogos y psicopedagogos capaces de adiestrar personal para la Olimpiada de un mercado laboral vertiginoso.
El resultado ha sido una suicida animadversión hacia los contenidos académicos y científicos, que viene a sumarse a la brutal mutilación de contenidos específicos que ya venía exigida por la mercantilización. La reducción de la duración y la profundidad científica de muchas Licenciaturas ha supuesto un verdadero naufragio académico. Para suplir el déficit de especialización, el alumno puede pagarse –si se lo permite su bolsillo– un master de formación avanzada.
Ahora bien, es en este punto en el que la maniobra de los pedagogos ha supuesto un verdadero golpe de Estado en las relaciones Academia-Profesión que afecta a todas las carreras de corte teórico (Física, Matemáticas, Filosofía, Historia, etc.) que tienen como salida profesional mayoritaria las enseñanzas medias. Un Anexo a la Orden ECI/3858/2007 (27/12/2007) instituye como requisito para presentarse a las oposiciones para profesor de secundaria haber cursado un Master de Formación del Profesorado (MFP) destinado a formar competencias de psicología, pedagogía, psicopedagogía y didáctica aplicada. Se trata, por supuesto, de ampliar a un año (y a precio de master) el actual “Certificado de Aptitud Pedagógica” (CAP). Este cursillo pedagógico nunca ha sido evaluado objetivamente, pese a que no hay nadie con un mínimo de vergüenza que se atreva a dudar de sus nefastos resultados.
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