Aún no se han enterado: ¡la vivienda fuera del mercado!

El colectivo V de Vivienda, que viene luchando desde hace años contra la brutal especulación en relación con la vivienda y contra la economía del ladrillo (una de las causas —no se olvide— de la especial intensidad con la que la "crisis" económica está castigando a nuestro país) ha convocado para el próximo día 14 de marzo una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid, reclamando, entre otras cosas, que la vivienda quede fuera del mercado.
Supongo que algunos (esos que se proclaman defensores del libre mercado) se llevarán las manos a la cabeza ante semejante petición; sin embargo, lo que reclama este colectivo (y una buena parte de la ciudadanía española) no es sino el cumplimiento en este punto de nuestro texto constitucional que, mal que les pese a los que se autodenominan "constitucionalistas", es, después de más de dos décadas de "democracia" poco menos que papel mojado (y no sólo en lo relativo a esta cuestión). Ante esto, cabe preguntarse cómo es posible que en un país democrático tenga que ser un movimiento ciudadano el que reclame lo que los poderes públicos deberían haber asegurado ya hace años por ley. El cartel que encabeza estas páginas no debería ser una convocatoria de manifestación, sino, en todo caso, el cartel de una campaña institucional a modo de recordatorio (en esos términos está redactado) de uno de nuestros derechos fundamentales pues, como reza el artículo 47 de nuestra ley fundamental:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

No cabe ante la letra de una Constitución (y más cuando está redactada de manera tan clara) acogerse a interpretaciones o considerar que lo expresado en nuestra carta magna es algo utópico. En ella, aunque se asegura el derecho a la propiedad, no existe ningún artículo que establezca la economía de libre mercado como el régimen económico del Estado; antes bien, este artículo, junto con el resto del Capítulo III "De los principios rectores de la política social y económica" fue, seguramente, concebido para evitar que determinados derechos fundamentales pudieran quedar conculcados de facto por efecto de la mercantilización, salvaguardando, entre ellos, a la vivienda de unas leyes, las del mercado (no fundamentales como lo es el texto constitucional), que, tal como se ha demostrado hasta la saciedad, no nacen de otro principio que el del lucro personal. Así las cosas, y puesto que el principio básico de un régimen democrático es el respeto escrupuloso de la ley, sólo cabe exigir (ya mismo) el cumplimiento de la Constitución (tal como se hace en muchos otros ámbitos). Cada día que ésta pasa sin cumplirse íntegramente se prolonga una situación que debería considerarse de ilegitimidad del Estado, que no sólo no exige el cumplimiento de la ley fundamental, sino que, como todos sabemos, defiende e incluso favorece (hasta el extremo en los recientes gobiernos del PP) políticas que, por sus efectos, deberían considerarse anticonstitucionales e ilegales, llevando al banquillo a todos aquellos que las han promovido por faltar a su deber y a su juramento de la Constitución.
Y esto, que quede claro una vez más, no es un debate, ni siquiera una argumentación en defensa de una determinada política económica. Es una exigencia de legalidad, de una legalidad que, de haber existido en las pasadas décadas, no nos habría llevado al marasmo en el que nos encontramos, al que algunos, en el colmo del cinismo, han decidido llamar "crisis". Ya lo dije en entradas anteriores. Yo miro por la ventana de mi casa y trato de enterarme de lo que pasa por el mundo y no veo ninguna "crisis" económica. Veo sólo el panorama que queda después del saqueo y el expolio y contemplo con rabia (la misma rabia que en otros tiempo despertó el fuego de las revoluciones) cómo los saqueadores preparan un futuro de nuevos saqueos y expolios acusando a las víctimas de una culpa que ellos ocultan en sus bolsillos obscenos.