Llama la atención el cambio radical de postura del Gobierno de Aragón, que siempre se opuso a esta línea (bajo los nombres de Aragón-Cazaril o Graus-Sallente) y que ahora, después de haberse posicionado en contra cuando se anunció el nuevo proyecto en prensa, la apoya sin apenas reticencias, haciendo suyos los falsos argumentos del propio proyecto de Red Eléctrica de España (evidenciando así el frente común que han hecho los políticos de los partidos mayoritarios —léase "Frente Institucional"—, la prensa escrita y la empresa de transporte eléctrico).
Así, resulta indignante que el propio Consejero de Medio Ambiente, que defendió en la prensa no hace mucho que sólo apoyaría esta línea de alta tensión si resultaba social y medioambientalmente sostenible, tras reconocer que aún no se puede emitir un dictamen al estar el proyecto en fase de consultas, pondere al final de su respuesta el proyecto, relacionándolo con una supuesta utilidad para evacuar la producción eléctrica mediante energías renovables, falacia recurrente e insostenible con la que se quiere vender un proyecto cuyo impacto medioambiental, en cualquiera de sus múltiples alternativas, es absolutamente demoledor. Porque, además, digámoslo con toda claridad, más allá de la defensa de la fauna, la flora y el paisaje de La Ribagorza, es deber promordial del Gobierno de Aragón la defensa de los aragoneses que vivimos en esta tierra, cuyo futuro queda seriamente comprometido por una autopista eléctrica que, una vez más (al más puro estilo colonialista), dilapida nuestros recursos y pone en serio peligro nuestra salud y, por ende, el futuro siempre precario de nuestros pueblos, que son también Medio Ambiente.
Señores políticos: tomamos muy buena nota de sus piruetas dialécticas y de lo poquito que les importamos.
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